¿Es verdad que Henry Pease está al frente del programa de Lima?
Bueno, él ha sido presidente del Congreso.

De acuerdo y lo respetamos, ¿pero qué hace al frente de este programa si no es técnico? Por eso los critican tanto, por preferir a los sociólogos.
Tiene un equipo técnico, no está solo. Él tiene un trabajo político con los alcaldes. Necesitamos una figura intachable. Él fue teniente alcalde y necesitábamos a alguien que fuera el puente con los alcaldes distritales.

En efecto, la concepción de la planeación como un trabajo de técnicos fue hegemónica hasta hace unas décadas. La planeación modernista, predominante a mediados del siglo pasado, depositaba su confianza en la racionalidad técnica como fuente de conocimiento para identificar los problemas de la ciudad a partir de cuatro funciones: vivienda, trabajo, circulación y esparcimiento. El Estado, a través de los técnicos, sería el encargado de dirigir y ejecutar de modo integral los planes urbanos. En distintos grados, esa lógica dominó la planeación hasta hace unas tres décadas. Y aunque no ha sido abandonada del todo, empezó a ser cuestionada desde distintos frentes. Desde el lado conservador, “neoliberal”, por el cuestionamiento al Estado como principal responsable de planear y ordenar el desarrollo. Desde el lado progresista, por movimientos que exigían participación popular en las grandes decisiones. Y desde ambos lados, por las lógicas descentralizadoras y democratizadoras que no aceptan la planeación centralizada y, en el caso de Lima, le dieron poder a 43 distritos.

Brasilia, fundada en 1960, es un caso emblemático del paradigma modernista. Sus resultados fueron muy distintos a lo que los técnicos estaban pensando cuando la diseñaron. (Foto de Wikipedia)

Lo que los distintos cuestionamientos tienen en común es, pues, el abandono de la planeación como un asunto puramente técnico, y la inclusión de diversos actores en el proceso de planificación urbana, que ya no estaría solo en manos de un Estado “técnico” y “racional”.  Los efectos de este cambio de paradigma son visibles en todo el mundo, y han sido promovidos tanto por organizaciones o gobiernos de izquierda que consideran la participación un derecho, como ocurre con el presupuesto participativo iniciado por el PT en Brasil y los Consejos Comunales organizados por el PSUV en Venezuela, como por organismos internacionales que promueven la descentralización y también la ejecución de presupuestos participativos. En los segundos casos, la prevalencia de lo “técnico” es más evidente. Sin embargo también defienden la necesidad de la discusión política para llegar a acuerdos, aunque en algunos casos sea por considerar que estar más cerca de la gente mejora la eficiencia en la provisión de servicios.

Portoalegrenses participan en una asamblea del Presupuesto Participativo, 2008. Foto: http://www.ongcidade.org

En el Perú, este cambio empezó a ser evidente en la década de 1980. Por un lado, la apertura democrática promovía la descentralización a través de la nueva constitución. Por otro, la izquierda ganó las elecciones en varios municipios, incluyendo el de Lima, y le dio un impulso especial a la participación. En la memoria de gobierno de Alfonso Barrantes (1984-86) se leía lo siguiente:

Por primera vez, la planificación urbana de nuestra ciudad de Lima, se está haciendo con quienes hacen la ciudad. Ya no es más la suma de acuerdos entre el mercado inmobiliario y los técnicos.

(…) Y la descentralización, así como la participación vecinal, ejes de este nuevo modelo de planeamiento, no son simples instrumentos sino los medios más efectivos para democratizar el manejo de la ciudad. (p. 102)

Henry Pease, el sociólogo cuestionado por la entrevistadora de El Comercio simplemente por ser sociólogo, fue teniente alcalde (el cargo más importante después del de alcalde) de ese gobierno metropolitano, y por lo tanto cumplió un rol esencial en esta nueva forma de gobernar y planificar la ciudad. Pero más allá de esto, el prejuicio hacia los sociólogos no tiene fundamento. Particularmente en el Perú, una de las disciplinas que ha estado más cerca de los asuntos urbanos ha sido la sociología. Julio Calderón C., sociólogo, en su libro Las ideas urbanas en el Perú (1958-1989) analiza las discusiones entre investigadores de diversas disciplinas: sociólogos, antropólogos, arquitectos. Son particularmente interesantes los debates de la década de 1960, cuando desde las ciencias sociales se empieza a cuestionar el modelo modernista, pro-técnico, que no es capaz de adaptarse a los cambios de la ciudad.

Como resultado, el plan de Lima de 1967 proclama la flexibilidad como un valor necesario en la planificación, en oposición a la rigidez del modelo anterior. El plan de 1990 repite esta necesidad, y particularmente se enfoca en la necesidad de contar con la participación de la ciudadanía en la elaboración de planes urbanos. Sin embargo, paradójicamente el plan fue elaborado por técnicos, casi sin contar con la opinión de los vecinos de Lima. Quizás por eso sigue la lógica, mencionada líneas arriba, de ver la participación como una forma de mejorar la eficiencia en la provisión de servicios, y no como un derecho.

El punto es que la planificación urbana no puede ser vista solo como un proceso técnico. En primer lugar, porque es antidemocrático: los objetivos de los planes urbanos serían decididos por un grupo de iluminados y no por la población. Esto, claro, va de la mano con el discurso tecnocrático “neoliberal”: la democracia es para asuntos accesorios, lo importante debe ser decidido por los que saben. Y en segundo lugar, porque no se puede planificar sin contar con participación. En el caso de que se intente hacer ello, la participación se canalizaría, de todos modos, a través del conflicto. De hecho, esto es lo que ha venido ocurriendo en Lima en los últimos años: la Municipalidad (o el gobierno central) decide hacer una obra inconsulta, y la gente se moviliza para impedirla o modificarla. Hay varios ejemplos: Línea Amarilla, intercambio vial Venezuela-Universitaria (San Marcos), Metropolitano en Barranco, Aeródromo de Collique, etc.

Vecinos de la Margen Izquierda del Río Rímac protestan contra la Línea Amarilla, mayo de 2010. Foto de http://www.flickr.com/photos/amor-revolucionario/4663472151/

Evidentemente, en algún momento habrá asuntos técnicos que resolver (estudios de demanda de pasajeros, provisión de infraestructura, impacto ambiental, etc.), pero no tienen por qué dominar el inicio del proceso de planificación, señalado en este caso por el Plan Concertado de Desarrollo de Lima Metropolitana, dirigido por Henry Pease. Este plan ha sido anunciado como el primero que será elaborado por la ciudadanía a través de un proceso participativo. Su rol, presumo, no es proponer obras específicas, sino como en la mayoría de planes a nivel metropolitano, identificar necesidades y objetivos. Es decir, es un proceso político, no técnico. Lo técnico puede cumplir el rol de asesor, y luego, con los objetivos y los proyectos decididos, el de ejecutor.

El segundo problema es que presenta la oposición a la minería como un asunto puramente ideológico: o se es “prominero” o se es “antiminero”. En realidad el tema es bastante más complejo que eso, y la “oposición a la minería” puede ser en realidad oposición a un proyecto específico o, en el caso de Cajamarca, seguramente a una empresa específica. De modo más general, podría hablarse de una postura a favor de los recursos, como el agua, y no en contra de una actividad, la minería.

El tercer problema es que oculta información. Mendoza afirma que Santos ganó gracias al voto de provincias ajenas a la minería como Jaén, San Ignacio y Chota (“El Presidente Gregorio Santos captó sus mayores apoyos en las provincias de Jaén, San Ignacio y Chota, áreas alejadas de las zonas de protestas contra la minería, lo que a la postre le permitió ganar”). Sin embargo, si excluimos a esas tres provincias, el ganador de la elección habría sido Santos de todos modos, pues ganó en todas las provincias de la región menos una (San Pablo, la menos poblada). Para revisar esta información pueden entrar a la página de la ONPE, aquí.

Finalmente, y esto está relacionado con todos los puntos anteriores, es bastante problemático asumir que quienes votaron por Fujimori “probablemente no percibe[n] a la minería como un problema álgido o una amenaza a su modo de vida”. Casi todo el análisis de Mendoza está basado en cifras electorales. Pero si las vemos con un poco más de profundidad, nos damos cuenta de que el congresista electo por Fuerza 2011 que más votos recibió, Joaquín Ramírez, se opone al proyecto Conga:

En Cajamarca, Keiko Fujimori obtuvo 196 mil votos y la lista de Fuerza 2011 obtuvo 184 mil. Un gran porcentaje de esos votos fueron para un congresista "antiminero". Ver en: http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2011/1ravuelta/

Estos resultados nos llevan a cuestionar las premisas del artículo. Estoy bien lejos de ser un experto en política cajamarquina, por lo que no me atrevo a hacer afirmaciones concluyentes. Pero podemos preguntarnos, por ejemplo, qué rol tuvo el congresista Ramírez en captar votos para el fujimorismo. Y, de modo más general, qué factores juegan un papel en el voto en Cajamarca. Ni tengo las respuestas, ni pretendo afirmar que Cajamarca sea un “bastión antiminero”, ni creo que esa sea la discusión principal. De hecho, el artículo de Mendoza tampoco es concluyente, y termina, como este, con más preguntas que respuestas. Pero para entender la magnitud y la legitimidad de la protesta en la región hay que ver un poco más allá de una selección de cifras.

Sin embargo, Perú21 encontró en el video una oportunidad para seguir golpeando a la gestión de la alcaldesa Villarán. Carlos Castillo, empleado de ese medio, preguntó por twitter si alguien había visto el video. Le respondieron que sí y que, como todo el mundo ya sabía, era una farsa. No respondió de vuelta. Otro empleado de Perú21, José Clemente, estuvo llamando a los teléfonos de las personas mencionadas en el video. Como era de esperarse, ante lo absurdo de la denuncia, no tuvo mucho éxito en su “investigación”.

A pesar de que era evidente que la acusación hecha anónimamente no tenía ningún sustento, Fritz Du Bois decidió publicarla en la portada de Perú21. No es la primera vez que el director de Perú21 practica la difamación de este modo. Durante la campaña electoral pasada, en la que casi toda la prensa limeña participó en una campaña de mentiras contra la candidatura de Ollanta Humala, Du Bois difamó a una candidata al Congreso por Gana Perú y ya fue sentenciado por ello. Ante la sentencia, la respuesta de buena parte de los medios, incluyendo periodistas y blogueros, fue defender a Fritz Du Bois. Los principales argumentos eran que sentenciarlo sería un atentado contra la libertad de expresión y que lo que hizo Du Bois no fue acusar sino opinar (?).

Usando como pretexto un principio (la libertad de expresión), hay gente siempre dispuesta a defender, en realidad, a un grupo (los grandes medios de prensa y sus empleados). De este modo, gente como Fritz Du Bois sabe que, si difama, tendrá a un grupo de personas y medios influyentes defendiéndolo. De hecho, en su edición de hoy, lejos de rectificarse, Perú21 ratifica la acusación. Para hacerlo presenta la delirante versión de los regidores de oposición Jaime Salinas y Alberto Valenzuela, quienes según el diario han sido atacados (?)

Sin embargo, para los afectados con estos ataques, el video es un elemento secundario frente a la red de tuiteros y bloggers peruanos que los insultan siempre que realizan alguna crítica contra la actual gestión metropolitana.

El regidor Jaime Salinas confirmó a Perú21 que los internautas que atacaron a sus colegas Alberto Valenzuela y Jorge Villena son los mismos que lo atacaron cuando él denunció a Villarán por la compra de un lote de radios y por los insultos de su gerente general Miguel Prialé.

La acusación levantada por Perú21 se parece mucho a la hecha por Rosa María Palacios unos días antes. Además de la obvia diferencia entre las magnitudes de los medios usados (portada de domingo vs. twitter), quizás la única otra sea que, mientras Perú21 afirmó que los tuiteros serían pagados por la Municipalidad de Lima, Palacios dijo que quien estaría pagando sería el gobierno central. Desde luego, Palacios se mostró irritada cuando por twitter le preguntaron qué opinaba de la portada de Perú21. Ante las preguntas, respondió que estaba siendo insultada, a pesar de que ella, unos días antes, y para justificar la acusación mencionada líneas arriba, dijo textualmente que “preguntar no es acusar, ni ofender”. Luego tuiteó que ella no tenía interés en hablar de “noticias falsas”, pasando por alto la noticia verdadera: ese día Perú21, un diario de alta circulación, había difamado y comprometido la privacidad de varias personas. Ante ello le recordaron que, hace solo dos años,  llamó miserable a quien difundió una “noticia falsa” que la involucraba.

Hasta antes de salir en Perú21, el video y los datos de las personas mencionadas habían pasado desapercibidos. Imagen de http://twitter.com/?photo_id=1#!/jorgejhms/status/138459118313803777/photo/1

Aquí vemos dos patrones. Uno es que cuando se trata de periodistas poderosos acusando o difamando a tuiteros o activistas, cuando se acusa a gente de recibir dinero para opinar de cierto modo, otros periodistas poderosos no ven problema alguno o prefieren pasar el hecho por alto. En otras palabras, no les parece preocupante que la gente que expresa opiniones libres sea cuestionada y acusada, sin evidencias, de vender sus opiniones. O sea, no les interesa que haya gente que sea acosada por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El otro patrón es que, cuando la cosa viene para el otro lado, cuando un periodista de estos grandes medios es criticado o acusado por difamación, sí saltan muchos periodistas a denunciar acoso, insultos y atentados a la libertad de expresión.

¿La libertad de expresión de quién?

foto de http://yfrog.com/hs26sabj

Según quien tomó la foto (@oscardvs) el mensaje fue escrito por la Municipalidad de Lima y el Touring y Automóvil Club del Perú. Y el discurso es el mismo que el que se usó para justificar la ley que permite multar a los peatones: ellos son culpables de sus propias muertes, y por lo tanto deben hacerse responsables. Es especialmente irónico que la Municipalidad gaste recursos en escribir ese mensaje en lugar de dedicarlos a repintar el crucero peatonal que fue usado para ese fin.

En realidad, según cifras oficiales el 75% de las muertes en accidentes de tránsito es por culpa de los conductores. ¿Por qué no hace la Municipalidad de Lima una campaña con ese mensaje? ¿Por qué no pone la responsabilidad en quienes la tienen, los conductores, en lugar de seguir culpando a los peatones?

Parece ser que la respuesta es que, a diferencia de lo que propuso en la campaña electoral, el gobierno municipal, como los gobiernos anteriores, prioriza al conductor de vehículo privado sobre el peatón. Y esto no solo se trata de un tema funcional o “técnico” (aunque desde un punto de vista técnico, también sería absurdo priorizar el automóvil, que es el medio de transporte menos eficiente). Darle pioridad al automóvil privado sobre el peatón significa priorizar al rico sobre el pobre, pues en Lima los autos son el medio de transporte más común de los que más dinero tienen, y los viajes a pie son la forma más común de movilizarse entre quienes menos dinero tienen.

El 37% de los viajes hechos por personas con un nivel de ingreso de menos de S/. 600 es a pie.

Como comenté en este post, la prioridad al auto privado es una tendencia en este gobierno municipal. Es cierto que hay algunas iniciativas que apuntan en otro sentido, y parece haber gente adentro de la municipalidad intentando ir contra la corriente. Pero la foto no puede verse como algo aislado. Es parte del discurso del gobierno, que por fin empieza a ser coherente. Lamentablemente, en la dirección errada.

Avenida Canadá (http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=421738)

¿A qué se debe esta separación entre propuesta y acción? En primer lugar, sería injusto no mencionar que la Municipalidad está trabajando para reordenar el transporte público, aunque eso no necesariamente signifique darle prioridad sobre el privado. Por otro lado también está buscando promover el uso de la bicicleta, por ejemplo al instalar los estacionamientos en estaciones del Metropolitano, organizar el Ciclodía y proyectar algunas ciclovías. Sin embargo, estos esfuerzos parecen pequeños frente a la magnitud de las obras pensadas para el transporte privado. A partir de esta diferencia podemos esbozar una hipótesis: el problema sería institucional. Emape, la oficina encargada de las obras de la Av. Canadá, puede estar operando de forma más o menos autónoma y con presupuesto propio, sin que la alcaldesa pueda incorporar a esta agencia dentro de una nueva forma de ver la movilidad en la ciudad.

La capacidad de acción de Emape, que opera bajo un paradigma -que podríamos calificar como obsoleto- según el cual aumentar la capacidad vial mejoraría la movilidad sin necesidad de limitar el uso del auto privado ni fomentar el uso del transporte público, estaría opacando lo que podrían hacer oficinas que, tal como se planteaba en el plan de gobierno, sí entienden que es necesario darle prioridad a otros medios de transporte sobre el auto privado, como por ejemplo el Proyecto Especial Metropolitano de Transporte No Motorizado (CicloLima). Aunque hay reconocer que la alcaldesa le ha dado mayor importancia a esta agencia, no solo por permitirle organizar el Ciclodía, sino al encargársela a una persona comprometida con el tema como Jessica Tantaleán, está claro que CicloLima no es protagonista, y sigue subordinada frente a agencias como Emape, que cuenta con recursos considerablemente mayores.

La otra hipótesis -y quizás el otro motivo de la separación entre propuesta y acción- es que la alcaldía siente apuro por mostrar que “hace obra”. De hecho, la ampliación de la Av. Canadá es un proyecto que viene del gobierno municipal anterior, y no es difícil imaginar cómo se habría presentado la noticia de su modificación -por no hablar de paralización- en diarios como El Comercio y Correo. Sin duda, gobernar según lo que va a decir la prensa conservadora es altamente problemático, especialmente si el voto que la eligió no fue precisamente el voto conservador. Por un lado, sería difícil conseguir el apoyo de los que de todos modos se oponen por otros motivos, y se podría generar decepción en quienes votaron pensando en un cambio.

Pero el problema no es solo político en el sentido más inmediato del impacto mediático y el apoyo. También lo es cuando pensamos a quiénes van dirigidas las obras. Según la Municipalidad, 2 millones y medio de personas se beneficiarán con la ampliación de la Av. Canadá, pues es la población que se mueve por esta vía a diario. En realidad, al ampliar la capacidad de una vía lo que ocurre en el largo plazo es que esta se satura nuevamente, y en el corto plazo los que se benefician son los que transitan por un auto privado (el 13% de la población de Lima). De hecho, este beneficio para una minoría es implícito cuando se habla de que la ampliación de la Av. Canadá descongestionará la Av. Javier Prado, que es en gran parte una vía exclusiva para autos privados.

Los usuarios de auto privado (13% en total) se concentran en los sectores más ricos de la ciudad. ¿Para ellos se planifica? Fuente: http://goo.gl/CX6gz (volumen 1-3)

¿Cómo se puede cambiar entonces esta contradicción entre propuesta y acción, para que tengamos una ciudad que facilite la movilidad de la mayoría de personas y no de la minoría que viaja en auto? Si las dos hipótesis propuestas se acercan a la realidad, el problema parece ser tanto institucional como de liderazgo. Liderazgo hacia adentro de la municipalidad, para politizar las oficinas que funcionan como si no hubiera nuevo gobierno -lo cual requeriría un cambio institucional, al asignarle más recursos a CicloLima-, como hacia afuera, dejando claro que las cosas se van a hacer de otro modo, planteando una estrategia que lleve a priorizar el transporte público y el no motorizado en todas las intervenciones y obras de la ciudad, y teniendo claro que aun quedan tres años para demostrar que tal cambio funciona. Si no, la Municipalidad seguirá a la vela, con la prensa soplando hacia donde le parezca.

En esa mano hay más dedos que asistencias de Salinas a su comisión (foto de aquí: http://goo.gl/ApvlA)

Jaime Salinas integra la comisión metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura. En el segundo trimestre del año, hubo doce sesiones, de las cuales Salinas no asistió a ninguna (!). En el primer trimestre, parece que le bastó con ir a dos (2) sesiones para darse cuenta de la falta de concertación. Faltó a las otras ocho sesiones, solo dos veces con licencia, y en todo el primer semestre acumuló veinte (20) faltas, dieciocho (18) de ellas injustificadas. Y no es que ese comportamiento sea común entre los regidores. La gran mayoría asistió a todas o casi todas las sesiones. Acá y acá pueden ver las asistencias (en el caso de Salinas, las inasistencias).

En las sesiones de Concejo, lo de Salinas no es tan grave. Y no porque haya sido de los que más asistió, sino porque cuando no lo hizo, sí pidió licencias. Tantas que podría declararse licenciado en faltar al Concejo. En los primeros seis meses del año hubo veintisiete sesiones y Salinas pidió licencia para no asistir a nueve (9). En total faltó diez (10) veces (ver: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio). Salinas tiene un motivo para pedir tantas licencias: si sus asistencias fueran injustificadas, podría ser vacado (sí, vacado) de su cargo, según el art. 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Si Salinas está tan preocupado porque la alcaldesa no concerta o no negocia podría hacer el esfuerzo de por lo menos ir al municipio. De ese modo podría promover la concertación. O, por lo menos, formarse una opinión informada, como si fuera alguien que estuviera adentro.