Perú21, difamación y libertad de expresión

El día de ayer, Perú21 publicó en portada una “denuncia” supuestamente hecha por el colectivo Anonymus (y que ya fue desmentida por este). A través de una cuenta de youtube, anónima y creada dos días antes, alguien subió un video en el que aparece una lista de personas, entre las cuales me incluyen (es curioso que la lista me incluya cuando en este blog -que usualmente dedico a asuntos urbanos- he criticado más de una vez al gobierno municipal). Además de los nombres, el video incluye datos personales como dirección y teléfono, por lo que no solo es difamatorio sino que atenta contra la privacidad de las personas, e incluso se podría decir que busca amedrentarlas. La voz del video dice, sin presentar prueba alguna, que la Municipalidad de Lima le paga a esas personas para que desprestigien a sus opositores. A todas luces, una acusación absurda y sin fundamento. El video empezó a circular el viernes a través de correos electrónicos, y tuvo algunas menciones en el twitter, la mayoría de ellas burlándose de lo ridículo que era.

Sin embargo, Perú21 encontró en el video una oportunidad para seguir golpeando a la gestión de la alcaldesa Villarán. Carlos Castillo, empleado de ese medio, preguntó por twitter si alguien había visto el video. Le respondieron que sí y que, como todo el mundo ya sabía, era una farsa. No respondió de vuelta. Otro empleado de Perú21, José Clemente, estuvo llamando a los teléfonos de las personas mencionadas en el video. Como era de esperarse, ante lo absurdo de la denuncia, no tuvo mucho éxito en su “investigación”.

A pesar de que era evidente que la acusación hecha anónimamente no tenía ningún sustento, Fritz Du Bois decidió publicarla en la portada de Perú21. No es la primera vez que el director de Perú21 practica la difamación de este modo. Durante la campaña electoral pasada, en la que casi toda la prensa limeña participó en una campaña de mentiras contra la candidatura de Ollanta Humala, Du Bois difamó a una candidata al Congreso por Gana Perú y ya fue sentenciado por ello. Ante la sentencia, la respuesta de buena parte de los medios, incluyendo periodistas y blogueros, fue defender a Fritz Du Bois. Los principales argumentos eran que sentenciarlo sería un atentado contra la libertad de expresión y que lo que hizo Du Bois no fue acusar sino opinar (?).

Usando como pretexto un principio (la libertad de expresión), hay gente siempre dispuesta a defender, en realidad, a un grupo (los grandes medios de prensa y sus empleados). De este modo, gente como Fritz Du Bois sabe que, si difama, tendrá a un grupo de personas y medios influyentes defendiéndolo. De hecho, en su edición de hoy, lejos de rectificarse, Perú21 ratifica la acusación. Para hacerlo presenta la delirante versión de los regidores de oposición Jaime Salinas y Alberto Valenzuela, quienes según el diario han sido atacados (?)

Sin embargo, para los afectados con estos ataques, el video es un elemento secundario frente a la red de tuiteros y bloggers peruanos que los insultan siempre que realizan alguna crítica contra la actual gestión metropolitana.

El regidor Jaime Salinas confirmó a Perú21 que los internautas que atacaron a sus colegas Alberto Valenzuela y Jorge Villena son los mismos que lo atacaron cuando él denunció a Villarán por la compra de un lote de radios y por los insultos de su gerente general Miguel Prialé.

La acusación levantada por Perú21 se parece mucho a la hecha por Rosa María Palacios unos días antes. Además de la obvia diferencia entre las magnitudes de los medios usados (portada de domingo vs. twitter), quizás la única otra sea que, mientras Perú21 afirmó que los tuiteros serían pagados por la Municipalidad de Lima, Palacios dijo que quien estaría pagando sería el gobierno central. Desde luego, Palacios se mostró irritada cuando por twitter le preguntaron qué opinaba de la portada de Perú21. Ante las preguntas, respondió que estaba siendo insultada, a pesar de que ella, unos días antes, y para justificar la acusación mencionada líneas arriba, dijo textualmente que “preguntar no es acusar, ni ofender”. Luego tuiteó que ella no tenía interés en hablar de “noticias falsas”, pasando por alto la noticia verdadera: ese día Perú21, un diario de alta circulación, había difamado y comprometido la privacidad de varias personas. Ante ello le recordaron que, hace solo dos años,  llamó miserable a quien difundió una “noticia falsa” que la involucraba.

Hasta antes de salir en Perú21, el video y los datos de las personas mencionadas habían pasado desapercibidos. Imagen de http://twitter.com/?photo_id=1#!/jorgejhms/status/138459118313803777/photo/1

Aquí vemos dos patrones. Uno es que cuando se trata de periodistas poderosos acusando o difamando a tuiteros o activistas, cuando se acusa a gente de recibir dinero para opinar de cierto modo, otros periodistas poderosos no ven problema alguno o prefieren pasar el hecho por alto. En otras palabras, no les parece preocupante que la gente que expresa opiniones libres sea cuestionada y acusada, sin evidencias, de vender sus opiniones. O sea, no les interesa que haya gente que sea acosada por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El otro patrón es que, cuando la cosa viene para el otro lado, cuando un periodista de estos grandes medios es criticado o acusado por difamación, sí saltan muchos periodistas a denunciar acoso, insultos y atentados a la libertad de expresión.

¿La libertad de expresión de quién?

El Comercio: ¿periodismo o propaganda?

Aunque pueden tomar formas parecidas, hay evidentes diferencias entre periodismo y propaganda. El primero busca informar, presentando todos los lados de la noticia, e intenta usar criterios similares para presentar noticias parecidas. La propaganda, en cambio, no tiene como objetivo informar, sino impulsar una agenda. Si para eso hace falta presentar casos similares con criterios distintos, bienvenido sea. Y si presentar información a medias es útil, también. En la campaña electoral de este año, por ejemplo, la mayor parte de la prensa se dedicó a hacer propaganda, mayoritariamente a favor de Keiko Fujimori.

El punto es que hay diarios, como El Comercio, que no distinguen las diferencias entre periodismo y propaganda. O, en realidad, sí las distinguen, pero prefieren dedicarse a lo segundo.

Hoy, El Comercio publicó dos partes de una encuesta cuyo resultado debía tomarse con cuidado porque la gran mayoría de los que respondieron no conocían de los dos temas (aquí, aquí y aquí). Sin embargo, ante condiciones similares, El Comercio presentó las dos partes de formas muy distintas. Y lo hizo, por su puesto, de acuerdo a la dirección que sus campañas propagandísticas han tomado en los últimos meses. Una de las campañas de El Comercio es a favor de Cipriani y en contra de la Universidad Católica (PUCP). Debido a que los que conocían del tema respondieron a favor de la PUCP, ahí el titular es que la mayoría no lo conocía:

83% cree que el rector debe ser elegido por la Asamblea Universitaria. Para El Comercio, esa cifra es secundaria.

En el caso de la otra campaña propagandística de El Comercio, la que lleva a cabo contra el director de Devida, Ricardo Soberón, el hecho de que la mayoría no conozca del tema fue secundario (a pesar de que el desconocimiento era aun mayor que en el caso de la PUCP):

Portada de El Comercio. No dice que la base es apenas el 22% de los encuestados, que son quienes conocían del tema.

Tan secundario era en este caso que muy poca gente conozca del tema, que el detalle apenas aparece en la página 8:

A pesar de haber sido la noticia de portada, el detalle aparece recién en un pequeño espacio de la p.8. El Comercio no consideró conveniente que sus lectores sepan que la base era apenas el 22% de los encuestados.

De este modo, El Comercio utiliza los titulares para hacer propaganda, no periodismo. El desarrollo de la noticia planteada en el titular es prácticamente irrelevante. El objetivo es que el lector se quede con el mensaje, sin importar que este se base en información a medias. El Comercio hace propaganda, no periodismo.

Las tres imágenes juntas aquí:

Click para ampliar

ACTUALIZACIÓN: via Eduardo Dargent

“Fíjate como presentó la noticia de la pucp El Comercio: del 40% que conoce del lío. Pero claro, no hay empacho en decir en portada que los peruanos rechazan el nombramiento de Ricardo Soberón. Luego más chiquito, que 55% de de los que han escuchado hablar del nombramiento lo rechazan. Y recién en la página 7 u 8 me entero que apenas 22% han respondido la pregunta. Es decir, 12% de peruanos no quiere a Soberón y eso basta para tremendo titular.”
(en  http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118084571627665&id=576979419)
Ese 12% es el 55% que rechaza a Soberón del 22% que conoce del tema (o sea, que respondió la pregunta). A El Comercio le basta con que 12% de la población urbana del Perú opine de alguna forma para generalizar e inventar un titular.

Los medios según Gana Perú: ¿control o apertura?

A mayor concentración, más riesgo para la libertad de expresión. Y le es más fácil al gobierno influir a la prensa y manipularla. Eso implica el riesgo de menor influencia de la prensa en beneficio del gobierno (Augusto Álvarez-Rodrich)

Una de las propuestas del plan de gobierno de Gana Perú que más les preocupa a los periodistas es la ley de  ”Medios de comunicación para una democracia ciudadana”. Obviamente, se entiende que la prensa se interese -o se preocupe- cuando un candidato propone reformar su sector, como se preocupan las mineras cuando se propone cobrar impuestos a las sobreganancias, o se preocupa el sector financiero cuando se propone reformar el sistema de pensiones. El problema es que muchas de las críticas a esta propuesta, lejos de discutirla en el contexto en el que se elabora, la sacan de este. Como consecuencia, se esconden las condiciones que hacen necesario poner a los medios de comunicación dentro de la agenda política. En este post abordo este contexto, poniendo las propuestas del plan en el centro de este.

Para empezar, estas son las “propuestas de política” del plan (p. 57, aquí):

Elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación.

  1. Esta ley establecerá la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital. Al respecto, resulta sumamente importante revisar como referente el reciente modelo argentino.
  2. Esta ley constituirá los mecanismos de regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios. En este punto, es precisa la participacion del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
  3. Se garantizará la distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales.
  4. Se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia.

Ahora vayamos al contexto. Hay por lo menos dos puntos que deben tomarse en cuenta. El primero es que el sistema de licencias de radio y televisión hace que le sea fácil al gobierno cerrar las emisoras locales que considere problemáticas (ver este post al respecto). Un ejemplo claro es el de Radio TV Orión de Pisco, cerrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones un mes después del terremoto de 2007, mientras criticaba al gobierno por la forma como enfrentó el problema. Radio TV Orión, como cientos de otras emisoras, no contaba con licencia. Sin embargo, se le permitió operar sin ella desde 2003, hasta que se volvió incómoda en un momento crítico. Aunque la emisora fue acusada de difundir rumores falsos, el motivo formal para cerrarla fue administrativo, por decisión del gobierno.

Se puede discutir, en el caso de que la emisora pisqueña haya difundido esos rumores falsos, si está bien o mal revocar licencias por difundir información falsa. Sin embargo, ese no es el problema. El problema es que la ley y el contexto (cientos de emisoras operando sin licencia) le dan discreción al gobierno para decidir cuáles emisoras pueden seguir operando y cuáles no. Por otro lado, también ocurre que hay radios a las que no se les otorga la licencia aunque cumplan los requisitos para solicitarla. Es el caso de Radio La Voz del Cainarachi, que estuvo años solicitando licencia de radio sin conseguirla por problemas administrativos que dependían del gobierno (ver p. 199 en adelante, aquí). Es evidente que hay un problema de libertad de expresión (o de prensa) que debe ser parte de la agenda política.

Humala ha mencionado este asunto varias veces durante la campaña, sin embargo no ha sido discutido a fondo. Por ejemplo, cuando en una entrevista en Panamericana lo mencionó, el periodista Augusto Thorndike cambió de tema diciendo que “lo que le preocupa al televidente son las grandes emisoras”. Particularmente, lo que propone su plan de gobierno es que el otorgamiento de licencias no esté a cargo del gobierno, sino de un consejo público (punto 1). Actualmente existe un consejo de este tipo, CONCORTV, del cual el plan de Gana Perú tiene una visión positiva, aunque lamenta que sus opiniones no sean vinculantes.

El punto 1 también hace referencia al ejemplo argentino, lo que nos lleva al segundo tema: la diversidad de opiniones expresadas. En Argentina se ha venido debatiendo por varios años la reforma a la ley de medios impuesta en 1980 por la dictadura, con algunos resultados. Uno de los puntos más importantes de la nueva ley de medios en Argentina es que busca impedir los monopolios y oligopolios, para lo cual pone límites a la propiedad de licencias. Sin embargo, en Perú esos límites ya han sido determinados por la ley de 2004 (aquí, art. 22: 20% en radio y 30% en TV). Pero hay otro punto en el que sí podría haber coincidencias entre Argentina y Perú. La nueva ley argentina, con la intención repartir equitativante las licencias, reserva el 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro.

¿Cómo podría tomarse esto como ejemplo en Perú? Salvo la TV pública, todos las señales de televisión VHF de Lima (2,4,5,9,11,13) están controladas por empresas con fines de lucro. De este modo, las opiniones expresadas en televisión tienden a representar a apenas un sector de la sociedad: el empresariado. Se podría argumentar que los periodistas son independientes, y que sus opiniones no responden a los intereses de los dueños del canal. Sin embargo, diversos episodios, como el reciente despido de la periodista del Grupo Plural TV (la principal de estas empresas), Patricia Montero, por no alinearse a la campaña del Grupo El Comercio (principal accionista de Plural) contra Humala y a favor de Fujimori demuestran que, aunque quieran ser independientes, si los periodistas chocan con los intereses de los dueños, esa independencia puede ser corregida.

Con la intención de garantizar que distintas perspectivas de la sociedad estén representadas en los medios, Gana Perú propone un reparto equitativo de las nuevas señales digitales (aquí y aquí), sin tocar las que ya tienen dueño. A eso se refiere el punto 3 de la propuesta. Lo que hace falta es ver qué es una distribución equitativa según Gana Perú. ¿Se garantizará que un porcentaje de las licencias esté en manos de organizaciones sin fines de lucro como en el caso argentino? ¿O de qué otro modo intentará Gana Perú repartir más equitativamente de las frecuencias? En todo caso, será el próximo Congreso y no solo Gana Perú quien decida qué es un reparto “equitativo”.

Se entiende que los medios y periodistas se preocupen cuando un candidato propone reformar el sistema de licencias de medios. La última vez que un presidente puso esta reforma en el centro de la agenda fue en los 70s, cuando Velasco expropió los periódicos con intenciones similares a las que señala Humala (asegurar la diversidad de opiniones). Sin embargo, debemos tener en cuenta al menos dos puntos antes de levantar el fantasma de Velasco: uno es que era un gobierno militar, no había congreso, y las decisiones finales recaían en Velasco sin mayor espacio para la discusión. El otro es que el plan es muy crítico con la experiencia del gobierno militar:

En el país, los medios de comunicación han sido tradicionalmente controlados por unos cuantos grupos familiares y por el Estado durante el siglo XX. El primer gran cambio en este tema se dio en 1968. Se anunció inicialmente que se los entregaría a los sectores sociales organizados, pero en la práctica fueron confiscados para ponerlos al servicio del gobierno militar.

De este modo, el plan reconoce que en 1968, como ahora, la falta de diversidad en los medios era un problema. Sin embargo, también reconoce que la forma en la que el gobierno militar intentó solucionarlo (o supuestamente intentó solucionarlo) era incorrecta, pues servía al gobierno y no a la sociedad.

Como dije, se entiende que los medios y periodistas se preocupen. Sin embargo, es irresponsable reducir la propuesta a etiquetas, como este titular de El Comercio, o evitar el debate como Thorndike en Panamericana. Lo que se debe hacer es en primer lugar reconocer que la libertad de expresión, diversa y no limitada, no está garantizada en el Perú como quieren hacernos creer. Y a partir de ese punto, discutir qué se debe cambiar. Por eso es importante que Gana Perú haya puesto el tema en agenda al incluirlo en su plan, y de ganar el 5 de junio, sin duda se va a convertir en un tema de debate.