Cajamarca: ¿la pregunta es si es o no un “bastión antiminero”?

En este artículo publicado en Noticias Ser, Iván Mendoza cuestiona la idea de que Cajamarca sea un “bastión antiminero”. Encuentro varios problemas en su análisis. El primero y el más evidente es que asume el voto por Santos, Arana y Humala como un referéndum: la gente que votó por ellos está contra la minería, la que no, no lo está. Hacia el final el autor relativiza esta premisa, sin embargo todo su análisis de las cifras de las elecciones parten de ella.

El segundo problema es que presenta la oposición a la minería como un asunto puramente ideológico: o se es “prominero” o se es “antiminero”. En realidad el tema es bastante más complejo que eso, y la “oposición a la minería” puede ser en realidad oposición a un proyecto específico o, en el caso de Cajamarca, seguramente a una empresa específica. De modo más general, podría hablarse de una postura a favor de los recursos, como el agua, y no en contra de una actividad, la minería.

El tercer problema es que oculta información. Mendoza afirma que Santos ganó gracias al voto de provincias ajenas a la minería como Jaén, San Ignacio y Chota (“El Presidente Gregorio Santos captó sus mayores apoyos en las provincias de Jaén, San Ignacio y Chota, áreas alejadas de las zonas de protestas contra la minería, lo que a la postre le permitió ganar”). Sin embargo, si excluimos a esas tres provincias, el ganador de la elección habría sido Santos de todos modos, pues ganó en todas las provincias de la región menos una (San Pablo, la menos poblada). Para revisar esta información pueden entrar a la página de la ONPE, aquí.

Finalmente, y esto está relacionado con todos los puntos anteriores, es bastante problemático asumir que quienes votaron por Fujimori “probablemente no percibe[n] a la minería como un problema álgido o una amenaza a su modo de vida”. Casi todo el análisis de Mendoza está basado en cifras electorales. Pero si las vemos con un poco más de profundidad, nos damos cuenta de que el congresista electo por Fuerza 2011 que más votos recibió, Joaquín Ramírez, se opone al proyecto Conga:

En Cajamarca, Keiko Fujimori obtuvo 196 mil votos y la lista de Fuerza 2011 obtuvo 184 mil. Un gran porcentaje de esos votos fueron para un congresista "antiminero". Ver en: http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2011/1ravuelta/

Estos resultados nos llevan a cuestionar las premisas del artículo. Estoy bien lejos de ser un experto en política cajamarquina, por lo que no me atrevo a hacer afirmaciones concluyentes. Pero podemos preguntarnos, por ejemplo, qué rol tuvo el congresista Ramírez en captar votos para el fujimorismo. Y, de modo más general, qué factores juegan un papel en el voto en Cajamarca. Ni tengo las respuestas, ni pretendo afirmar que Cajamarca sea un “bastión antiminero”, ni creo que esa sea la discusión principal. De hecho, el artículo de Mendoza tampoco es concluyente, y termina, como este, con más preguntas que respuestas. Pero para entender la magnitud y la legitimidad de la protesta en la región hay que ver un poco más allá de una selección de cifras.

San Isidro y Miraflores: haciendo estacionamientos para atraer más autos (y tráfico)

La Municipalidad de San Isidro anunció que se construirá un complejo subterráneo de estacionamientos en el centro del distrito. Hace unas semanas, Miraflores hizo un anuncio similar. Ambos proyectos habían sido propuestos por los alcaldes en sus campañas electorales bajo el argumento es que en esas zonas hay un déficit de estacionamientos. Al haber más autos buscando una plaza que lugares para estacionar se crean diversos problemas, como congestión y autos estacionados en zonas rígidas.


Ante este evidente desequilibrio entre demanda y oferta de estacionamientos, ambas municipalidades han decidido actuar por el lado de la oferta. En otras palabras, se está buscando aumentar la cantidad de estacionamientos disponibles sin darle un impulso mayor a medidas para desincentivar el uso del automóvil para ir a ambos centros (lo cual es el origen de la demanda).
En el caso de Miraflores, la preferencia de la nueva gestión municipal por aumentar la cantidad de estacionamientos antes que por reducir el uso del automóvil se empezó a hacer evidente cuando promulgó una ordenanza que aumenta la cantidad mínima de estacionamientos en los futuros edificios comerciales y habitacionales. En concordancia con la propuesta de hacer nuevas plazas de estacionamiento, esa medida revela que la alcaldía considera que la forma de solucionar el desequilibrio es aumentando la oferta de plazas. De ahí el discurso del déficit de estacionamientos (en lugar de hablar, digamos, de un superávit de automóviles).
Juan José Arrué, de Ciudad Nuestra, refiriéndose a las nuevas playas de estacionamiento, alertaba de los problemas que esto podría causar:

… optar a secas por estacionamientos sin medidas regulatorias del uso de la superficie que los acompañen y que disuadan a las personas de ingresar al distrito con autos propios, puede hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. La creación de nuevas playas de estacionamiento (…) puede tener el efecto inverso al deseado, similar a lo que ocurre con la creación de viaductos y vías expresas, es decir, en un principio dar la sensación de que los problemas de congestión se empiezan a solucionar pero al poco tiempo se incrementa el flujo de autos privados y por ende aumenta la congestión. La explicación es sencilla para ambos casos: los usuarios de autos particulares encontrarán un nuevo lugar por donde manejar (en alusión a los viaductos y vías expresas) o nuevos espacios donde estacionar (en alusión a las nuevas playas de estacionamiento).

Las propuestas de estacionamientos subterráneos tanto en Miraflores como en San Isidro sí incorporan la recuperación de espacios para los peatones. Por ejemplo, ambas municipalidades proponen ampliar las veredas en las zonas actualmente ocupadas por estacionamientos en las avenidas Larco y Diagonal, en Miraflores, y Rivera Navarrete, en San Isidro. De hecho, Miraflores ha avanzado un más en este sentido al impedir el tránsito vehicular por la av. Diagonal a determinadas horas. Sin embargo, estos espacios no parecen tener como objetivo que menos gente se desplace en auto hacia estas zonas, sino que la gente que ya se encuentra en ellas -sin importar como llegó- disfrute de los centros como peatones. El tema de los (des)incentivos para utilizar el automóvil, mencionado por Arrué, no aparece en ninguno de los dos casos.

El problema aquí es que el análisis del déficit de estacionamientos es estático: si hay menos plazas que autos buscando una, pues habrá que proveer más plazas. Sin embargo, la interacción entre demanda y oferta no es estática sino dinámica: si se hacen más plazas, será más fácil llegar a esos lugares en auto, y por lo tanto más gente lo hará. Cuando la demanda aumente, la oferta será nuevamente cubierta por esta, y será necesario volver a constuir estacionamientos. Lo que ocurre es que la demanda no es por estacionamientos, sino por llegar a los centros de esos distritos. Si hacemos que sea más fácil llegar en auto, pues más gente irá en auto. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado, tanto para estacionamientos como para autopistas, y la lógica es la misma: la demanda del uso del auto está influida por la facilidad -que da la infraestructura- para usarlo (la oferta).

Se podría decir que, al retirar estacionamientos en la calle que son gratis o casi gratis, y reemplazarlos por estacionamientos por los que se tendrá que pagar, el precio más alto puede tener como efecto reducir la demanda. El problema es que los proyectos no están diseñados con esa lógica: no tienen como objetivo reducir el uso del auto. Por lo tanto, cuesta creer que vayan a incluir mecanismos para impedir que las compañías que operen los estacionamientos establezcan un precio que les permita ocupar todas las plazas con el objetivo de maximizar ganancias.

Lo que deberían hacer estas municipalidades, pues, es buscar que sea más atractivo llegar a los centros de los distritos de otra forma. Por un lado, se puede desincentivar el uso del auto, por ejemplo cobrando más por estacionar. Si lo que se busca es recuperar espacios para peatones y trasladar los estacionamientos al subsuelo, se podría establecer un precio mínimo que la concesionaria deba cumplir. Si en la calle hay menos plazas que autos buscando una, ¿por qué no hacemos que los conductores paguen por ocupar ese espacio? Ocupar un pedazo de espacio público de una forma tan socialmente indeseable como por un automóvil no debería ser ni gratis, ni tan barato.

Londres (Cyclehoop)

El otro punto es incentivar el uso de otros modos de transporte para llegar a estos lugares. Las municipalidades distritales no tienen mayor influencia sobre el transporte público, pero sí pueden crear ciclovías y estacionamientos para bicicletas. De hecho, una medida interesante sería que una parte de los estacionamientos retirados se destinen a bicicletas (por cada plaza de estacionamiento para autos de pueden poner por lo menos diez para bicicletas). Hacer que sea más seguro y agradable caminar hacia estos lugares también es necesario. Ambas municipalidades aún están a tiempo de incorporar este tipo de políticas. Por ahora, sin embargo, no se mueven del obsoleto paradigma de crear una ciudad para autos al facilitar su uso.

“Muévete, Susana” (AntiPrensa)

Escribí un artículo en AntiPrensa sobre los problemas que está teniendo el gobierno municipal de Susana Villarán para vincular las acciones concretas que está teniendo en cuanto a la movilidad urbana con la estrategia de comunicación que las unifique en un discurso coherente. Creo que tiene una propuesta muy interesante en cuanto a movilidad, que se está ejecutando a medias pero que los limeños no saben de qué trata. Una salida política al cargamontón mediático podría consistir en impulsar esta propuesta (aunque, obviamente, se tienen que fortalecer del mismo modo otras áreas).

Desde que asumió el cargo, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha sido objeto de una fuerte campaña de desprestigio liderada por la prensa tradicional. Han construido la imagen de que no trabaja dándole peso excepcional y tono espectular a sus declaraciones cuando critica actitudes o acciones de otros políticos –sobre todo, al ex alcalde Luis Castañeda y al presidente Alan García– y otorgando cero protagonismo a la (poca) obra que la Municipalidad ha llevado a cabo hasta el momento. Inclusive algunos medios han llegado a sacar titulares anunciando directamente que Villarán no hace nada”. Tal es el caso de Correo, cuya portada del 22 de junio afirma que la alcaldesa dedica su tiempo a asuntos sin importancia y deja de lado los “temas cruciales (obras, seguridad, transporte)”.

(…)

Hasta ahora, Susana Villarán no ha asumido el cambio de paradigma de transporte como parte de su estrategia de comunicación política. Por ejemplo, nadie de la Municipalidad ha dicho nada sobre la ley de tránsito que permite multar a los peatones, la cual es parte del modelo que prioriza al automóvil. Y cuando se habla del “reordenamiento del transporte” no queda claro qué significa. ¿Consiste solo en reemplazar combis por buses y reducir rutas? ¿O se propone un cambio institucional para que las empresas operen de un modo en el que la “guerra del centavo” no continúe? Si se trata solo de lo primero, no queda claro que se esté atacando la raíz del problema. Si se trata también de lo segundo, la Municipalidad no lo está comunicando efectivamente. El gobierno municipal ni siquiera ha logrado transmitir cuál considera que es el origen del problema del transporte público en la ciudad.

Leer completo aquí: http://www.antiprensa.pe/muevete-susana/

 

Susana Villarán, la Línea Amarilla y la Vía Parque Rímac

Tras una renegociación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Lamsac (Línea Amarilla SAC), se modificó el proyecto “Línea Amarilla” (ahora “Vía Parque Rímac”). Esta obra, aprobada por Luis Castañeda, generó mucha oposición en la Margen Izquierda del Río Rímac porque fue planificada sin el consentimiento de sus vecinos e implicaba la reubicación forzosa de por lo menos mil familias. Además, de acuerdo al trazo original, la autopista aislaría al barrio 2 de Mayo del resto de la Margen Izquierda.

A través de organizaciones locales como Asovecmirr, la población de la Margen Izquierda se movilizó desde que el contrato fue firmado (ver contrato original aquí). Mediante marchas de protesta en la Margen Izquierda e incluso frente al Congreso, además de acciones judiciales, las asociaciones intentaron frenar el proyecto que claramente traía muchos costos para los vecinos sin ofrecerles mayores beneficios.

Es común en planificación urbana que un proyecto que trae altos costos para una zona reporte mayores beneficios para la ciudad en su conjunto, lo cual puede terminar con la aprobación del proyecto si la presión de la opinión pública vence a la resistencia local. Sin embargo, este no parece haber sido el caso de la “Línea Amarilla”. Según la empresa, el objetivo de la obra era “aliviar la congestión vehicular en la ciudad”. Sin más especificaciones técnicas que esa vaga declaración, el trazo de la “Línea Amarilla” no corresponde, por ejemplo, con las recomendaciones que aparecen en el Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima y Callao, que se puede descargar aquí.

Además, la concesión priorizaba el transporte privado sobre el público, lo cual quizás pueda ayudar a aliviar el tráfico en el corto plazo, pero difícilmente puede contribuir a mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Aunque el proyecto incluía la construcción de un corredor de buses, la empresa estaba autorizada a cobrar el peaje de Evitamiento al terminar la autopista, sin necesidad de completar el corredor (ver página 10 y anexo 3 del contrato aquí).

El cobro de este peaje era otro problema del contrato original. Al ceder el peaje por 30 años, la Municipalidad renunciaba, según cálculos conservadores, a aproximadamente $2.500 millones, o casi cinco veces la inversión asumida por Lamsac. Así, aunque Castañeda afirmó que el proyecto no le reportaba costos a la Municipalidad, la realidad es que la obligaba a renunciar a un ingreso importante por los próximos 30 años.

Frente a estas condiciones desfavorables tanto para la ciudad y la Margen Izquierda como para la Municipalidad, la alcaldesa Susana Villarán se había comprometido a anular el proyecto durante la campaña municipal. Aunque evidentemente habría sido muy complicado cumplir esa promesa, desde enero la Municipalidad buscó renegociar el contrato para que el proyecto sea beneficioso -o siquiera menos perjudicial- para los barrios afectados y el municipio.

Susana Villarán durante su visita a Villa María del Perpetuo Socorro, en la Margen Izquierda. Tomada de aquí: http://www.flickr.com/photos/amor-revolucionario/4897785877/

En esta negociación, la alcaldía representaba no solo al municipio sino a los vecinos de la Margen Izquierda. Es decir, ellos no participaron directamente de la negociación, ya que el contrato no los incluía como parte. Incluso algunos regidores municipales ya habían asumido esta representación desde antes de que Villarán asuma la alcaldía. De hecho, los vecinos de la zona se enteraron del proyecto a través de Marisa Glave, ya que el gobierno de Castañeda no solo firmó el contrato a sus espaldas, sino que no les informó sobre este luego de firmado.

Los cambios en el contrato tienen tres ejes principales. Uno es que la Municipalidad ha logrado incluir dos de sus promesas de campaña en el nuevo proyecto. Una de ellas es la conexión vial del centro con San Juan de Lurigancho. Se busca aliviar la congestión vehicular en esta zona al conectar San Juan de Lurigancho con la Vía de Evitamiento y la avenida Grau. Esto puede resultar en una gran victoria política para la alcaldía, pues no solo le permite cumplir una de sus promesas, sino que se trata de un distrito que ha generado mucha polémica por el enfrentamiento propiciado por su alcalde Carlos Burgos y el presidente Alan García contra la alcaldesa Villarán.

La otra promesa que ha sido incluida en el nuevo contrato es el proyecto Río Verde, que consiste en un parque de cuatro kilómetros de largo en la ribera del río Rímac. Este proyecto, anunciado como parte de la “recuperación” del centro de Lima (la alcaldesa, en conferencia de prensa, afirmó que “una ciudad que no recupera su centro, no se recupera en absoluto”), debe ser puesto en contexto. Me parece que es necesario un mayor debate público sobre lo que significaría para el centro de Lima el aumento de la inversión en esta zona. Asimismo, es necesario preguntarnos qué significa “recuperar” el centro. O más bien ¿para quiénes se recupera el centro?

En muchos casos, el aumento de la inversión en áreas centrales de las ciudades implica un aumento de los precios de alquiler, lo que a su vez conlleva al desplazamiento de antiguos residentes, reemplazados por otros con mayores ingresos, y de pequeños negocios, reemplazados por grandes cadenas. El debate debe incluir a los actuales residentes del centro y a quienes lo usan regularmente, para observar y entender el proceso y qué consecuencias puede tener para el centro, su identidad, y ellos mismos.

El segundo eje es lo que el nuevo proyecto implica para los barrios más afectados, es decir, para la Margen Izquierda del río Rímac. Si bien se ha logrado modificar el trazo original, aun es necesaria la reubicación de por lo menos 290 familias (según la alcaldía, el trazo original necesitaba 560 reubicaciones). Debido a que la nueva ruta usa solo la franja del río, podemos asumir que buena parte de las familias a ser reubicadas habitan en viviendas en riesgo. Sin embargo, este no es necesariamente el caso para todas. En el barrio 1° de Mayo la autopista incluirá un área hasta a 75 metros del río debido a la presencia de las casetas de peaje.

Trazo anterior y trazo nuevo en barrios 2 de mayo y 1 de mayo (click para ampliar)

Sin embargo, el nuevo contrato sí trae mejores condiciones para la zona. Por ejemplo, cada familia reubicada ahora recibirá un departamento de 60 m² valuado en $30,000 más la diferencia en efectivo si la vivienda es tasada en un precio mayor. Esto incluye a propietarios y a posesionarios por igual. Según el contrato anterior, los posesionarios recibirían apenas $5,000 por su vivienda. Además, en conferencia de prensa Villarán anunció que toda reubicación será voluntaria.

Por último, la empresa se compromete a invertir S/. 10 millones en la zona, a través del presupuesto participativo. Sin embargo, todavía debemos esperar para saber cómo se ha tomado esta decisión en los pueblos de la Margen Izquierda. A pesar de que las condiciones son claramente mejores que con el contrato anterior, es razonable pensar que haya gente que no esté conforme, ya que, además de las reubicaciones, la construcción de una autopista por estos barrios contribuirá a la contaminación ambiental de una zona ya bastante contaminada.

El último eje consiste en el cambio de las condiciones de la concesión. Con el contrato anterior, la Municipalidad renunciaba a la totalidad del peaje de Evitamiento y de los nuevos peajes. Tras la renegociación, el 7% de los ingresos del nuevo peaje se quedarán en la Municipalidad. Además la inversión total de la empresa ha aumentado de $571 a $703 millones. Por último, la concesión ahora será por 40 años, es decir 10 años más que lo pactado inicialmente.

La renegociación de este contrato demuestra que el lugar común tan difundido en los últimos años en el Perú -que el Estado no debe renegociar contratos con empresas privadas- está muy lejos de tener sustento. Todavía queda por ver el éxito del nuevo contrato, particularmente respecto a cómo este va a ser tomado por los principales afectados. Sin embargo, la municipalidad ha podido resolver al menos parcialmente un problema que le dejó la administración anterior, que estableció una concesión que respondía más a los intereses de una empresa que a los de la ciudad. Desde el punto de vista del municipio el éxito del nuevo contrato consiste principalmente en haber incluido en él dos de sus principales propuestas de campaña.

Otros enlaces:

El nuevo trazo al detalle está aquí en baja resolución y aquí en alta.

Aquí la Municipalidad informa sobre los cambios y presenta documentos con los detalles: http://www.munlima.gob.pe/Publicacion/Publica.aspx?nid=2561&t=MML-impulsa-inversion-superior-a-US-700-millones-en-nuevo-megaproyecto-Via-Parque-Rimac-

En este post de enero analicé más a fondo los problemas presentados por la firma del contrato: http://comuneslugares.wordpress.com/2011/01/28/susana-villaran-y-la-linea-amarilla/

Ataque a Keiko en Satipo habría sido un montaje fujimorista

Esta tarde un grupo de personas atacó con piedras y huevos a la candidata Keiko Fujimori en Satipo, Junín. Rápidamente, la candidata acusó a Ollanta Humala del ataque a través de su cuenta de twitter. Sin embargo, podría tratarse de un montaje hecho por la candidatura fujimorista.

Mariana Bazo / REUTERS http://goo.gl/4DpeH

Según fuentes policiales, quienes atacaron a Fujimori habrían sido empleados municipales. De hecho, el mitin se llevó a cabo en el coliseo Shirampari, propiedad de la municipalidad provincial de Satipo. Y el alcalde de Satipo es el fujimorista César Merea.

Este alcalde fue reelecto el año pasado con apenas el 19% de los votos de la provincia. En su gestión anterior, Merea fue acusado por corrupción, y ante los cuestionamientos demandó por difamación al periodista Fernando Santos, quien inicialmente fue condenado a un año de prisión, pero fue finalmente absuelto.

Los indicios parecen mostrar que lo que une a Merea con el fujimorismo no serían solo el carnet partidario,  la corrupción y el poco respeto por la libertad de prensa. Las señales que nos llevan a pensar que el ataque podría haber sido montado desde la municipalidad nos recuerdan al incendio del Banco de la Nación, en Lima, durante la Marcha de los Cuatro Suyos, para acusar de ser violentos a quienes luchaban por la democracia.

ACTUALIZACIÓN 1: La República amplía la información con testimonios de dos periodistas locales que fueron agredidos por personal de seguridad de Fujimori cuando intentaban registrar lo ocurrido. http://www.larepublica.pe/impresa/ponen-en-duda-ataque-contra-keiko-2011-05-11

ACTUALIZACIÓN 2: lamula.pe recoge el testimonio de la periodista local Ana Alva sobre lo ocurrido. http://lamula.pe/2011/05/11/que-paso-en-satipo-durante-la-visita-de-keiko-fujimori/esteban2500

Los medios según Gana Perú: ¿control o apertura?

A mayor concentración, más riesgo para la libertad de expresión. Y le es más fácil al gobierno influir a la prensa y manipularla. Eso implica el riesgo de menor influencia de la prensa en beneficio del gobierno (Augusto Álvarez-Rodrich)

Una de las propuestas del plan de gobierno de Gana Perú que más les preocupa a los periodistas es la ley de  “Medios de comunicación para una democracia ciudadana”. Obviamente, se entiende que la prensa se interese -o se preocupe- cuando un candidato propone reformar su sector, como se preocupan las mineras cuando se propone cobrar impuestos a las sobreganancias, o se preocupa el sector financiero cuando se propone reformar el sistema de pensiones. El problema es que muchas de las críticas a esta propuesta, lejos de discutirla en el contexto en el que se elabora, la sacan de este. Como consecuencia, se esconden las condiciones que hacen necesario poner a los medios de comunicación dentro de la agenda política. En este post abordo este contexto, poniendo las propuestas del plan en el centro de este.

Para empezar, estas son las “propuestas de política” del plan (p. 57, aquí):

Elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación.

  1. Esta ley establecerá la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital. Al respecto, resulta sumamente importante revisar como referente el reciente modelo argentino.
  2. Esta ley constituirá los mecanismos de regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios. En este punto, es precisa la participacion del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
  3. Se garantizará la distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales.
  4. Se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia.

Ahora vayamos al contexto. Hay por lo menos dos puntos que deben tomarse en cuenta. El primero es que el sistema de licencias de radio y televisión hace que le sea fácil al gobierno cerrar las emisoras locales que considere problemáticas (ver este post al respecto). Un ejemplo claro es el de Radio TV Orión de Pisco, cerrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones un mes después del terremoto de 2007, mientras criticaba al gobierno por la forma como enfrentó el problema. Radio TV Orión, como cientos de otras emisoras, no contaba con licencia. Sin embargo, se le permitió operar sin ella desde 2003, hasta que se volvió incómoda en un momento crítico. Aunque la emisora fue acusada de difundir rumores falsos, el motivo formal para cerrarla fue administrativo, por decisión del gobierno.

Se puede discutir, en el caso de que la emisora pisqueña haya difundido esos rumores falsos, si está bien o mal revocar licencias por difundir información falsa. Sin embargo, ese no es el problema. El problema es que la ley y el contexto (cientos de emisoras operando sin licencia) le dan discreción al gobierno para decidir cuáles emisoras pueden seguir operando y cuáles no. Por otro lado, también ocurre que hay radios a las que no se les otorga la licencia aunque cumplan los requisitos para solicitarla. Es el caso de Radio La Voz del Cainarachi, que estuvo años solicitando licencia de radio sin conseguirla por problemas administrativos que dependían del gobierno (ver p. 199 en adelante, aquí). Es evidente que hay un problema de libertad de expresión (o de prensa) que debe ser parte de la agenda política.

Humala ha mencionado este asunto varias veces durante la campaña, sin embargo no ha sido discutido a fondo. Por ejemplo, cuando en una entrevista en Panamericana lo mencionó, el periodista Augusto Thorndike cambió de tema diciendo que “lo que le preocupa al televidente son las grandes emisoras”. Particularmente, lo que propone su plan de gobierno es que el otorgamiento de licencias no esté a cargo del gobierno, sino de un consejo público (punto 1). Actualmente existe un consejo de este tipo, CONCORTV, del cual el plan de Gana Perú tiene una visión positiva, aunque lamenta que sus opiniones no sean vinculantes.

El punto 1 también hace referencia al ejemplo argentino, lo que nos lleva al segundo tema: la diversidad de opiniones expresadas. En Argentina se ha venido debatiendo por varios años la reforma a la ley de medios impuesta en 1980 por la dictadura, con algunos resultados. Uno de los puntos más importantes de la nueva ley de medios en Argentina es que busca impedir los monopolios y oligopolios, para lo cual pone límites a la propiedad de licencias. Sin embargo, en Perú esos límites ya han sido determinados por la ley de 2004 (aquí, art. 22: 20% en radio y 30% en TV). Pero hay otro punto en el que sí podría haber coincidencias entre Argentina y Perú. La nueva ley argentina, con la intención repartir equitativante las licencias, reserva el 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro.

¿Cómo podría tomarse esto como ejemplo en Perú? Salvo la TV pública, todos las señales de televisión VHF de Lima (2,4,5,9,11,13) están controladas por empresas con fines de lucro. De este modo, las opiniones expresadas en televisión tienden a representar a apenas un sector de la sociedad: el empresariado. Se podría argumentar que los periodistas son independientes, y que sus opiniones no responden a los intereses de los dueños del canal. Sin embargo, diversos episodios, como el reciente despido de la periodista del Grupo Plural TV (la principal de estas empresas), Patricia Montero, por no alinearse a la campaña del Grupo El Comercio (principal accionista de Plural) contra Humala y a favor de Fujimori demuestran que, aunque quieran ser independientes, si los periodistas chocan con los intereses de los dueños, esa independencia puede ser corregida.

Con la intención de garantizar que distintas perspectivas de la sociedad estén representadas en los medios, Gana Perú propone un reparto equitativo de las nuevas señales digitales (aquí y aquí), sin tocar las que ya tienen dueño. A eso se refiere el punto 3 de la propuesta. Lo que hace falta es ver qué es una distribución equitativa según Gana Perú. ¿Se garantizará que un porcentaje de las licencias esté en manos de organizaciones sin fines de lucro como en el caso argentino? ¿O de qué otro modo intentará Gana Perú repartir más equitativamente de las frecuencias? En todo caso, será el próximo Congreso y no solo Gana Perú quien decida qué es un reparto “equitativo”.

Se entiende que los medios y periodistas se preocupen cuando un candidato propone reformar el sistema de licencias de medios. La última vez que un presidente puso esta reforma en el centro de la agenda fue en los 70s, cuando Velasco expropió los periódicos con intenciones similares a las que señala Humala (asegurar la diversidad de opiniones). Sin embargo, debemos tener en cuenta al menos dos puntos antes de levantar el fantasma de Velasco: uno es que era un gobierno militar, no había congreso, y las decisiones finales recaían en Velasco sin mayor espacio para la discusión. El otro es que el plan es muy crítico con la experiencia del gobierno militar:

En el país, los medios de comunicación han sido tradicionalmente controlados por unos cuantos grupos familiares y por el Estado durante el siglo XX. El primer gran cambio en este tema se dio en 1968. Se anunció inicialmente que se los entregaría a los sectores sociales organizados, pero en la práctica fueron confiscados para ponerlos al servicio del gobierno militar.

De este modo, el plan reconoce que en 1968, como ahora, la falta de diversidad en los medios era un problema. Sin embargo, también reconoce que la forma en la que el gobierno militar intentó solucionarlo (o supuestamente intentó solucionarlo) era incorrecta, pues servía al gobierno y no a la sociedad.

Como dije, se entiende que los medios y periodistas se preocupen. Sin embargo, es irresponsable reducir la propuesta a etiquetas, como este titular de El Comercio, o evitar el debate como Thorndike en Panamericana. Lo que se debe hacer es en primer lugar reconocer que la libertad de expresión, diversa y no limitada, no está garantizada en el Perú como quieren hacernos creer. Y a partir de ese punto, discutir qué se debe cambiar. Por eso es importante que Gana Perú haya puesto el tema en agenda al incluirlo en su plan, y de ganar el 5 de junio, sin duda se va a convertir en un tema de debate.