A mayor concentración, más riesgo para la libertad de expresión. Y le es más fácil al gobierno influir a la prensa y manipularla. Eso implica el riesgo de menor influencia de la prensa en beneficio del gobierno (Augusto Álvarez-Rodrich)
Una de las propuestas del plan de gobierno de Gana Perú que más les preocupa a los periodistas es la ley de ”Medios de comunicación para una democracia ciudadana”. Obviamente, se entiende que la prensa se interese -o se preocupe- cuando un candidato propone reformar su sector, como se preocupan las mineras cuando se propone cobrar impuestos a las sobreganancias, o se preocupa el sector financiero cuando se propone reformar el sistema de pensiones. El problema es que muchas de las críticas a esta propuesta, lejos de discutirla en el contexto en el que se elabora, la sacan de este. Como consecuencia, se esconden las condiciones que hacen necesario poner a los medios de comunicación dentro de la agenda política. En este post abordo este contexto, poniendo las propuestas del plan en el centro de este.
Para empezar, estas son las “propuestas de política” del plan (p. 57, aquí):
Elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación.
- Esta ley establecerá la conformación de un consejo público −con presencia de la sociedad civil− que se encargará de evaluar las concesiones del espectro radioeléctrico que incluyen a la radio y televisión digital. Al respecto, resulta sumamente importante revisar como referente el reciente modelo argentino.
- Esta ley constituirá los mecanismos de regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios. En este punto, es precisa la participacion del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
- Se garantizará la distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales.
- Se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia.
Ahora vayamos al contexto. Hay por lo menos dos puntos que deben tomarse en cuenta. El primero es que el sistema de licencias de radio y televisión hace que le sea fácil al gobierno cerrar las emisoras locales que considere problemáticas (ver este post al respecto). Un ejemplo claro es el de Radio TV Orión de Pisco, cerrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones un mes después del terremoto de 2007, mientras criticaba al gobierno por la forma como enfrentó el problema. Radio TV Orión, como cientos de otras emisoras, no contaba con licencia. Sin embargo, se le permitió operar sin ella desde 2003, hasta que se volvió incómoda en un momento crítico. Aunque la emisora fue acusada de difundir rumores falsos, el motivo formal para cerrarla fue administrativo, por decisión del gobierno.
Se puede discutir, en el caso de que la emisora pisqueña haya difundido esos rumores falsos, si está bien o mal revocar licencias por difundir información falsa. Sin embargo, ese no es el problema. El problema es que la ley y el contexto (cientos de emisoras operando sin licencia) le dan discreción al gobierno para decidir cuáles emisoras pueden seguir operando y cuáles no. Por otro lado, también ocurre que hay radios a las que no se les otorga la licencia aunque cumplan los requisitos para solicitarla. Es el caso de Radio La Voz del Cainarachi, que estuvo años solicitando licencia de radio sin conseguirla por problemas administrativos que dependían del gobierno (ver p. 199 en adelante, aquí). Es evidente que hay un problema de libertad de expresión (o de prensa) que debe ser parte de la agenda política.
Humala ha mencionado este asunto varias veces durante la campaña, sin embargo no ha sido discutido a fondo. Por ejemplo, cuando en una entrevista en Panamericana lo mencionó, el periodista Augusto Thorndike cambió de tema diciendo que “lo que le preocupa al televidente son las grandes emisoras”. Particularmente, lo que propone su plan de gobierno es que el otorgamiento de licencias no esté a cargo del gobierno, sino de un consejo público (punto 1). Actualmente existe un consejo de este tipo, CONCORTV, del cual el plan de Gana Perú tiene una visión positiva, aunque lamenta que sus opiniones no sean vinculantes.
El punto 1 también hace referencia al ejemplo argentino, lo que nos lleva al segundo tema: la diversidad de opiniones expresadas. En Argentina se ha venido debatiendo por varios años la reforma a la ley de medios impuesta en 1980 por la dictadura, con algunos resultados. Uno de los puntos más importantes de la nueva ley de medios en Argentina es que busca impedir los monopolios y oligopolios, para lo cual pone límites a la propiedad de licencias. Sin embargo, en Perú esos límites ya han sido determinados por la ley de 2004 (aquí, art. 22: 20% en radio y 30% en TV). Pero hay otro punto en el que sí podría haber coincidencias entre Argentina y Perú. La nueva ley argentina, con la intención repartir equitativante las licencias, reserva el 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro.
¿Cómo podría tomarse esto como ejemplo en Perú? Salvo la TV pública, todos las señales de televisión VHF de Lima (2,4,5,9,11,13) están controladas por empresas con fines de lucro. De este modo, las opiniones expresadas en televisión tienden a representar a apenas un sector de la sociedad: el empresariado. Se podría argumentar que los periodistas son independientes, y que sus opiniones no responden a los intereses de los dueños del canal. Sin embargo, diversos episodios, como el reciente despido de la periodista del Grupo Plural TV (la principal de estas empresas), Patricia Montero, por no alinearse a la campaña del Grupo El Comercio (principal accionista de Plural) contra Humala y a favor de Fujimori demuestran que, aunque quieran ser independientes, si los periodistas chocan con los intereses de los dueños, esa independencia puede ser corregida.
Con la intención de garantizar que distintas perspectivas de la sociedad estén representadas en los medios, Gana Perú propone un reparto equitativo de las nuevas señales digitales (aquí y aquí), sin tocar las que ya tienen dueño. A eso se refiere el punto 3 de la propuesta. Lo que hace falta es ver qué es una distribución equitativa según Gana Perú. ¿Se garantizará que un porcentaje de las licencias esté en manos de organizaciones sin fines de lucro como en el caso argentino? ¿O de qué otro modo intentará Gana Perú repartir más equitativamente de las frecuencias? En todo caso, será el próximo Congreso y no solo Gana Perú quien decida qué es un reparto “equitativo”.
Se entiende que los medios y periodistas se preocupen cuando un candidato propone reformar el sistema de licencias de medios. La última vez que un presidente puso esta reforma en el centro de la agenda fue en los 70s, cuando Velasco expropió los periódicos con intenciones similares a las que señala Humala (asegurar la diversidad de opiniones). Sin embargo, debemos tener en cuenta al menos dos puntos antes de levantar el fantasma de Velasco: uno es que era un gobierno militar, no había congreso, y las decisiones finales recaían en Velasco sin mayor espacio para la discusión. El otro es que el plan es muy crítico con la experiencia del gobierno militar:
En el país, los medios de comunicación han sido tradicionalmente controlados por unos cuantos grupos familiares y por el Estado durante el siglo XX. El primer gran cambio en este tema se dio en 1968. Se anunció inicialmente que se los entregaría a los sectores sociales organizados, pero en la práctica fueron confiscados para ponerlos al servicio del gobierno militar.
De este modo, el plan reconoce que en 1968, como ahora, la falta de diversidad en los medios era un problema. Sin embargo, también reconoce que la forma en la que el gobierno militar intentó solucionarlo (o supuestamente intentó solucionarlo) era incorrecta, pues servía al gobierno y no a la sociedad.
Como dije, se entiende que los medios y periodistas se preocupen. Sin embargo, es irresponsable reducir la propuesta a etiquetas, como este titular de El Comercio, o evitar el debate como Thorndike en Panamericana. Lo que se debe hacer es en primer lugar reconocer que la libertad de expresión, diversa y no limitada, no está garantizada en el Perú como quieren hacernos creer. Y a partir de ese punto, discutir qué se debe cambiar. Por eso es importante que Gana Perú haya puesto el tema en agenda al incluirlo en su plan, y de ganar el 5 de junio, sin duda se va a convertir en un tema de debate.
