Planificación urbana: de lo técnico a lo político

Hace unos días, en una entrevista a Miguel Prialé en El Comercio, la entrevistadora cuestionó que el próximo Plan de Desarrollo Concertado de Lima sea dirigido por un sociólogo y no por un “técnico”. Esta afirmación no tendría mayor importancia si no fuera porque la idea de que la planeación urbana es un asunto esencialmente técnico es aún un lugar común en el país.

¿Es verdad que Henry Pease está al frente del programa de Lima?
Bueno, él ha sido presidente del Congreso.

De acuerdo y lo respetamos, ¿pero qué hace al frente de este programa si no es técnico? Por eso los critican tanto, por preferir a los sociólogos.
Tiene un equipo técnico, no está solo. Él tiene un trabajo político con los alcaldes. Necesitamos una figura intachable. Él fue teniente alcalde y necesitábamos a alguien que fuera el puente con los alcaldes distritales.

En efecto, la concepción de la planeación como un trabajo de técnicos fue hegemónica hasta hace unas décadas. La planeación modernista, predominante a mediados del siglo pasado, depositaba su confianza en la racionalidad técnica como fuente de conocimiento para identificar los problemas de la ciudad a partir de cuatro funciones: vivienda, trabajo, circulación y esparcimiento. El Estado, a través de los técnicos, sería el encargado de dirigir y ejecutar de modo integral los planes urbanos. En distintos grados, esa lógica dominó la planeación hasta hace unas tres décadas. Y aunque no ha sido abandonada del todo, empezó a ser cuestionada desde distintos frentes. Desde el lado conservador, “neoliberal”, por el cuestionamiento al Estado como principal responsable de planear y ordenar el desarrollo. Desde el lado progresista, por movimientos que exigían participación popular en las grandes decisiones. Y desde ambos lados, por las lógicas descentralizadoras y democratizadoras que no aceptan la planeación centralizada y, en el caso de Lima, le dieron poder a 43 distritos.

Brasilia, fundada en 1960, es un caso emblemático del paradigma modernista. Sus resultados fueron muy distintos a lo que los técnicos estaban pensando cuando la diseñaron. (Foto de Wikipedia)

Lo que los distintos cuestionamientos tienen en común es, pues, el abandono de la planeación como un asunto puramente técnico, y la inclusión de diversos actores en el proceso de planificación urbana, que ya no estaría solo en manos de un Estado “técnico” y “racional”.  Los efectos de este cambio de paradigma son visibles en todo el mundo, y han sido promovidos tanto por organizaciones o gobiernos de izquierda que consideran la participación un derecho, como ocurre con el presupuesto participativo iniciado por el PT en Brasil y los Consejos Comunales organizados por el PSUV en Venezuela, como por organismos internacionales que promueven la descentralización y también la ejecución de presupuestos participativos. En los segundos casos, la prevalencia de lo “técnico” es más evidente. Sin embargo también defienden la necesidad de la discusión política para llegar a acuerdos, aunque en algunos casos sea por considerar que estar más cerca de la gente mejora la eficiencia en la provisión de servicios.

Portoalegrenses participan en una asamblea del Presupuesto Participativo, 2008. Foto: http://www.ongcidade.org

En el Perú, este cambio empezó a ser evidente en la década de 1980. Por un lado, la apertura democrática promovía la descentralización a través de la nueva constitución. Por otro, la izquierda ganó las elecciones en varios municipios, incluyendo el de Lima, y le dio un impulso especial a la participación. En la memoria de gobierno de Alfonso Barrantes (1984-86) se leía lo siguiente:

Por primera vez, la planificación urbana de nuestra ciudad de Lima, se está haciendo con quienes hacen la ciudad. Ya no es más la suma de acuerdos entre el mercado inmobiliario y los técnicos.

(…) Y la descentralización, así como la participación vecinal, ejes de este nuevo modelo de planeamiento, no son simples instrumentos sino los medios más efectivos para democratizar el manejo de la ciudad. (p. 102)

Henry Pease, el sociólogo cuestionado por la entrevistadora de El Comercio simplemente por ser sociólogo, fue teniente alcalde (el cargo más importante después del de alcalde) de ese gobierno metropolitano, y por lo tanto cumplió un rol esencial en esta nueva forma de gobernar y planificar la ciudad. Pero más allá de esto, el prejuicio hacia los sociólogos no tiene fundamento. Particularmente en el Perú, una de las disciplinas que ha estado más cerca de los asuntos urbanos ha sido la sociología. Julio Calderón C., sociólogo, en su libro Las ideas urbanas en el Perú (1958-1989) analiza las discusiones entre investigadores de diversas disciplinas: sociólogos, antropólogos, arquitectos. Son particularmente interesantes los debates de la década de 1960, cuando desde las ciencias sociales se empieza a cuestionar el modelo modernista, pro-técnico, que no es capaz de adaptarse a los cambios de la ciudad.

Como resultado, el plan de Lima de 1967 proclama la flexibilidad como un valor necesario en la planificación, en oposición a la rigidez del modelo anterior. El plan de 1990 repite esta necesidad, y particularmente se enfoca en la necesidad de contar con la participación de la ciudadanía en la elaboración de planes urbanos. Sin embargo, paradójicamente el plan fue elaborado por técnicos, casi sin contar con la opinión de los vecinos de Lima. Quizás por eso sigue la lógica, mencionada líneas arriba, de ver la participación como una forma de mejorar la eficiencia en la provisión de servicios, y no como un derecho.

El punto es que la planificación urbana no puede ser vista solo como un proceso técnico. En primer lugar, porque es antidemocrático: los objetivos de los planes urbanos serían decididos por un grupo de iluminados y no por la población. Esto, claro, va de la mano con el discurso tecnocrático “neoliberal”: la democracia es para asuntos accesorios, lo importante debe ser decidido por los que saben. Y en segundo lugar, porque no se puede planificar sin contar con participación. En el caso de que se intente hacer ello, la participación se canalizaría, de todos modos, a través del conflicto. De hecho, esto es lo que ha venido ocurriendo en Lima en los últimos años: la Municipalidad (o el gobierno central) decide hacer una obra inconsulta, y la gente se moviliza para impedirla o modificarla. Hay varios ejemplos: Línea Amarilla, intercambio vial Venezuela-Universitaria (San Marcos), Metropolitano en Barranco, Aeródromo de Collique, etc.

Vecinos de la Margen Izquierda del Río Rímac protestan contra la Línea Amarilla, mayo de 2010. Foto de http://www.flickr.com/photos/amor-revolucionario/4663472151/

Evidentemente, en algún momento habrá asuntos técnicos que resolver (estudios de demanda de pasajeros, provisión de infraestructura, impacto ambiental, etc.), pero no tienen por qué dominar el inicio del proceso de planificación, señalado en este caso por el Plan Concertado de Desarrollo de Lima Metropolitana, dirigido por Henry Pease. Este plan ha sido anunciado como el primero que será elaborado por la ciudadanía a través de un proceso participativo. Su rol, presumo, no es proponer obras específicas, sino como en la mayoría de planes a nivel metropolitano, identificar necesidades y objetivos. Es decir, es un proceso político, no técnico. Lo técnico puede cumplir el rol de asesor, y luego, con los objetivos y los proyectos decididos, el de ejecutor.

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